Ortega anuncia el fin de las elecciones en Nicaragua y afianza control del poder
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que el país dejará de celebrar elecciones en el futuro, una medida que busca consolidar aún más el control del poder que mantiene el mandatario de 80 años junto a su esposa, Rosario Murillo. Ortega justificó la decisión como una forma de proteger al país de la oposición, a la que calificó de “golpistas” y “traidores que venden a su patria”.
Durante una ceremonia oficial para conmemorar el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega declaró: “Aquí no habrá más elecciones para que ellos intenten tomar el gobierno y tomar el poder”. Esta fue la primera aparición pública del mandatario en dos meses.
Ortega y su administración han permanecido en el poder de manera continua desde 2007. Las últimas elecciones se realizaron en 2021, un proceso en el que Ortega aseguró su permanencia en el cargo tras encarcelar a candidatos opositores y prohibir la participación de sectores críticos de su gobierno. Las próximas elecciones estaban previstas para el próximo año, pero tras sus recientes declaraciones, esa posibilidad parece haber quedado descartada.
Félix Maradiaga, ex candidato presidencial que fue encarcelado y posteriormente enviado al exilio en Estados Unidos, declaró a Reuters que Ortega “reconoció públicamente lo que siempre ha sido su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia democrática”.
Hasta ahora, Ortega no ha explicado cómo pretende impedir la realización de elecciones, pero el anuncio representa un cambio significativo en el panorama político del país. Analistas consideran que la medida fortalecerá la percepción internacional de Ortega como un líder autoritario.
La decisión tampoco ha sido vista como una sorpresa, considerando que el año pasado Ortega designó a su esposa, Rosario Murillo, como copresidenta. Tras ese nombramiento, Murillo recibió amplias facultades dentro del gobierno, incluyendo influencia sobre las fuerzas armadas y el sistema judicial.
Además, Ortega impulsó una serie de reformas constitucionales que ampliaron sus poderes presidenciales y acercaron al país a un sistema de partido único, donde sus opositores enfrentan riesgos de encarcelamiento, muerte o exilio.
El gobierno de Ortega también ha sido objeto de críticas constantes por sus acciones contra la oposición y movimientos sociales. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha acusado a su administración de cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos. Organismos internacionales han señalado que el gobierno nicaragüense ha recurrido repetidamente al uso de la violencia y la represión para responder a protestas y amenazas contra su permanencia en el poder.
Analistas internacionales interpretan esta medida como un intento de eliminar incluso las expresiones más pequeñas de oposición, ante el temor del gobierno de perder el control político.
Tiziano Breda, analista principal del Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), afirmó que “Ortega y Murillo evidentemente temen que una mínima apertura política pueda crear las condiciones para que surja la disidencia y amenace su control del poder”.