NTUCB exige al gobierno reconsiderar apelación

El Gobierno de Belize ha presentado una apelación contra la decisión del Representante del Pueblo (Ombudsman), en medio de una controversia sobre transparencia y acceso a la información pública. La disputa se originó luego de que el Ombudsman, Gilbert Swaso, ordenara al Fiscal General divulgar los detalles sobre los honorarios legales relacionados con el caso de redistribución de distritos. La orden surgió tras una solicitud de Libertad de Información presentada por el activista social Jeremy Enríquez.

Esa solicitud fue inicialmente denegada, lo que llevó a Enríquez a presentar una queja ante el Ombudsman. Luego de revisar el caso, Swaso falló a favor de una divulgación parcial de los documentos, una decisión que el Fiscal General ahora pide al tribunal anular, argumentando que el fallo del Ombudsman excede su autoridad.

Jeremy Enríquez, quien ha sido una voz activa en temas de gobernanza y rendición de cuentas, expresó su indignación por la posición del gobierno ante el pedido de información. “Me alarmó mucho que el Primer Ministro haya llegado a tales extremos para bloquear nuestra solicitud de información sobre el gasto gubernamental en abogados y bufetes para luchar contra la demanda de redistribución de distritos en los tribunales. Queremos averiguar cuánto dinero se gastó y a quiénes se les pagó ese dinero. Esto revela el carácter del Primer Ministro y de este gobierno en su esfuerzo desesperado por ocultar información al pueblo de Belize, información que en realidad exige rendición de cuentas y transparencia para informar al pueblo cómo se está gastando su dinero. Esto sienta un nuevo precedente, con el Primer Ministro también tratando de intimidar al Representante del Pueblo y afirmar un tipo de poder que es corrupto, todo en un esfuerzo por encubrir gran parte de lo que están haciendo”, afirmó Enríquez.

Mientras el proceso judicial avanza, tanto Enríquez como otros activistas mantienen su llamado a la transparencia y a que se respete el derecho del pueblo a conocer cómo se utilizan los fondos públicos. El caso, además, plantea interrogantes sobre los límites del poder gubernamental frente a los mecanismos de supervisión democrática en Belize.

El ministro de Servicio Público, Henry Charles Usher, salió en defensa del gobierno tras las críticas por la decisión de apelar el fallo del Representante del Pueblo (Ombudsman) sobre la divulgación de los honorarios legales vinculados al caso de redistribución de distritos. Según el ministro, los medios de comunicación han malinterpretado la naturaleza del proceso judicial.

“Creo que la forma en que los medios han caracterizado esto es inexacto. El Representante del Pueblo (Ombudsman) tomó una decisión de conformidad con la ley que lo gobierna. Si una decisión es una con la que no se está de acuerdo, se puede apelar como una apelación de tribunal inferior; eso es lo que dice la ley. Así que, esto es realmente solo una apelación de la decisión tomada. No es llevar al Representante del Pueblo (Ombudsman) a los tribunales; es apelar su decisión para asegurar que se haga de acuerdo con lo que la ley requiere”, explicó Usher.

El ministro insistió en que la acción del gobierno no debe interpretarse como un ataque contra la oficina del Ombudsman ni como un intento de limitar la transparencia. “No veo ningún problema en que un gobierno, o cualquier entidad, apele una decisión. Esto es solo parte del proceso de resolución de disputas”, añadió.

El Congreso Nacional de Sindicatos de Belize (NTUCB) expresó su respaldo al activista Jeremy Enríquez. “Nos reunimos este fin de semana y queremos expresar nuestra profunda preocupación y decepción por la decisión del gobierno de llevar al Representante del Pueblo a los tribunales. Esta acción refleja un agravio directo a los principios de buen gobierno, principios que el Congreso Nacional de Sindicatos de Belize ha defendido consistentemente y que el Gobierno de Belize se comprometió a defender en sus compromisos del Plan Belize dos mil veinte. A la NTUCB le gustaría que el público supiera que nos solidarizamos firmemente con la Oficina del Representante del Pueblo (Ombudsman), reconociendo que este es un asunto de gran interés público. Los costos legales asociados con este caso se extraen del fondo consolidado de ingresos. Estos son fondos públicos, que no deben ocultarse ni restringirse del escrutinio público. Por lo tanto, hacemos un llamado al Gobierno de Belize para que reconsidere de inmediato su curso de acción”, afirmó Waight.