Caso Bennett regresa al CCJ

El prolongado proceso de extradición del abogado Andrew Bennett volvió este martes a la Corte de Justicia del Caribe, donde los jueces analizaron si procede su entrega a Estados Unidos para enfrentar cargos penales. La audiencia se extendió por más de dos horas y media, durante las cuales el panel examinó argumentos sobre la admisibilidad de pruebas obtenidas fuera del país y el alcance de las garantías constitucionales.

Bennett, representado por los consejeros del Rey Edward Fitzgerald y Héctor Guerra, solicitó que se detengan los procedimientos de extradición. La defensa sostiene que evidencia clave fue obtenida de manera indebida y que su utilización vulnera derechos fundamentales.

Durante su intervención, Fitzgerald afirmó que existe reconocimiento sobre la naturaleza inconstitucional de la actuación cuestionada. “No hay disputa con respecto a la presentación del demandado de que aceptan que la conducta fue inconstitucional. Ese reconocimiento aparece en la página mil cuatrocientos ochenta”, indicó.

El abogado añadió que la obtención de mensajes de WhatsApp del teléfono de su cliente por parte de un agente estadounidense contravino la legislación nacional. “Además, sostenemos que la recepción y extracción de los mensajes de WhatsApp del apelante del teléfono por parte del agente estadounidense estaba prohibida bajo la Ley de Intercepción de Comunicaciones. Este argumento se expone en las presentaciones del apelante en la sección tres, y fue abordado en el fallo del Juez James, que determinó que ocurrió una infracción”, explicó.

Fitzgerald reconoció que la ley en cuestión aún no estaba en vigor al momento de los hechos, pero sostuvo que ello no altera el fondo del asunto. “Es cierto que la Ley no había entrado en vigor en ese momento. Sin embargo, esto no disminuye el hecho de que, según la decisión de la legislatura, dicha conducta debe considerarse penal. Esta conclusión se deriva de la sección cuatro de la Ley, que disponía que la Ley debía entrar en vigor, pero el ejecutivo no designó una fecha de inicio”, concluyó.

Los jueces reservaron su decisión, mientras continúa el análisis sobre cómo debe tratarse la evidencia transfronteriza en el contexto de solicitudes de extradición.