CCJ falla a favor del Gobierno

Un importante caso constitucional ante el Tribunal de Justicia del Caribe sobre las importaciones de gas licuado de petróleo en Belize ha llegado a su fin. Cuatro empresas privadas de gas, Gas Tomza, Western Gas, Southern Choice Butane y Belize Western Energy, aseguraron que el Gobierno había violado sus derechos al bloquearles la posibilidad de importar GLP. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que las reformas buscaban resolver problemas de suministro, detener el contrabando y reducir prácticas monopólicas, creando así un mercado más justo y estable.

El Asesor Principal Eamon Courtenay explicó el fallo del tribunal y el origen de la disputa. Dijo: “Antes de esa legislación, la práctica era que las empresas de gas importaran gas licuado de petróleo (GLP) desde Centroamérica y México directamente a sus propias instalaciones y luego lo vendieran al por menor desde allí. El gobierno decidió hace algún tiempo introducir un nuevo sistema mediante el cual el GLP se importaría por mar a la planta de Big Creek. Desde allí, las empresas de GLP existentes podrían comprarlo y revenderlo a sus clientes.”

Courtenay señaló que las empresas generaban ganancias dobles. Explicó: “Resulta que estas empresas obtenían una ganancia en la importación del GLP y luego, además de eso, cobraban a los consumidores el precio regulado aprobado, sobre el cual obtenían un beneficio adicional.”

Las empresas demandaron al Gobierno en el Tribunal Superior y obtuvieron inicialmente más de sesenta millones de dólares en daños. Courtenay recordó que “El Tribunal de Apelación anuló esa decisión, pero la devolvió al Tribunal Superior, instruyéndole a reevaluar los daños. El gobierno apeló ante la CCJ, y hoy la CCJ dictaminó que el Tribunal de Apelación se equivocó.”

El asesor legal añadió que el fallo fue claro sobre la ausencia de violaciones. “No hubo violación de ningún derecho constitucional, ni de derecho a llevar a cabo el negocio de la manera en que lo hacían. Plantearon sus daños de manera incorrecta y no los probaron. En consecuencia, su reclamación fue esencialmente desestimada.”

El dictamen de la CCJ cierra un largo y complejo litigio sobre el control y la estructura del mercado de GLP en Belize.