Debate por pensiones judiciales

Un nuevo proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes ha abierto un intenso debate sobre la forma en que Belize busca atraer y retener a jueces calificados. La propuesta plantea un esquema de pensión sin precedentes, diseñado para captar talento judicial del extranjero y asegurar estabilidad a largo plazo dentro del sistema judicial del país.

No obstante, el planteamiento ha generado preocupaciones entre legisladores de ambos lados del hemiciclo, particularmente en relación con el nivel de control que tendría el Poder Ejecutivo sobre los arreglos financieros de los jueces, un tema estrechamente vinculado a la independencia judicial.

El representante del área de Queen Square, Godwin Haylock, expresó que comprende el objetivo del proyecto. “Entiendo la razón detrás de la pensión para los jueces: queremos atraer jueces más competentes y que se establezcan a largo plazo en Belize para que puedan desarrollar nuestra propia jurisprudencia”, señaló. Sin embargo, cuestionó el corto periodo para adquirir el derecho a la pensión. “Mi única objeción es el período de cinco años para adquirir derecho a la pensión”, dijo.

Haylock subrayó que la propuesta rompe con los precedentes existentes. “Es histórico y la primera vez que este país verá un período de pensión de cinco años”, afirmó, al comparar que “el servicio público tiene un período de pensión de quince años” y que “el Parlamento requiere dos mandatos consecutivos, que son al menos ocho años”. A su juicio, “cinco años es una primicia para Belize”.

Por su parte, la líder de la oposición, Tracy Panton, advirtió que el proyecto podría debilitar la independencia judicial. “El proyecto de ley promete independencia judicial; sin embargo, es el Ejecutivo quien determinará todos los arreglos financieros críticos bajo este nuevo proyecto de ley”, expresó. Detalló que estos incluyen “salarios, asignaciones, tasas de contribución, niveles de pensión, pensiones para cónyuges”.

Panton señaló además que estos aspectos no están claramente definidos en el texto legal. “Estos no se especifican en el proyecto de ley, sino que deben determinarse completamente por reglamentos hechos por el Ejecutivo”, afirmó.

En defensa de la iniciativa, el ministro de Relaciones Exteriores, Francis Fonseca, sostuvo que la reforma busca corregir una debilidad estructural del sistema judicial. “Es muy importante que dejemos atrás el tener jueces con contratos, donde luego están a merced de la administración”, dijo. Explicó que bajo ese esquema los jueces pueden sentirse presionados al momento de decidir casos.

“Ellos tienen que preguntarse: ‘Si decido este caso particular de esta manera, ¿renovarán mi contrato en uno o dos años?’”, señaló Fonseca. Agregó que “tenemos que superar eso” y manifestó su respaldo a la propuesta. “Estoy muy orgulloso de que esta administración, y nuestro Procurador General, estén liderando ese esfuerzo”.