En Swift Hall, una pequeña pero decidida multitud se reunió para una consulta pública sobre el controvertido Proyecto de Ley de la Decimotercera Enmienda. La administración Briceño sostiene que esta ley busca restaurar el orden en comunidades golpeadas por la delincuencia, sin embargo, varios ciudadanos manifestaron su temor a que conceder demasiado poder a las fuerzas de seguridad pueda abrir la puerta a abusos.
Durante la sesión, ciudadanos, legisladores, oficiales de policía, sindicatos y organizaciones no gubernamentales participaron de un intercambio abierto de opiniones. Raymond Gongora planteó una de las principales inquietudes: “Respecto a la Decimotercera Enmienda, ¿podría preguntar a alguien del panel que ha mencionado ‘bloquear’ áreas de pandillas que aclare qué significa eso? Cuando dicen que ‘bloquearán’ una zona, ¿aplica para todos los ciudadanos que viven allí o se dirige específicamente a pandilleros?”
Otros asistentes mostraron su apoyo a la propuesta. Molly Castillo comentó: “A veces dicen que los beliceños somos como un barril de cangrejos: cuando vemos que algo va bien, queremos que vaya mal. Avancemos, no retrocedamos. Por eso apoyo la Decimotercera Enmienda.”
Keith Yearwood justificó la medida como necesaria ante la violencia reciente: “Cuando vi que nuestros ancianos y discapacitados perdieron la vida, hace apenas dos o tres semanas, y nadie habla de ellos, supe que debíamos actuar. Estas medidas pueden parecer drásticas, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que hacer algo.”
Pero no todos están convencidos. Walter Gillett expresó su preocupación por la falta de controles: “He estado escuchando, y escucho a la gente preguntar: ¿quién será el control y el equilibrio para garantizar que las fuerzas de seguridad no abusen de esto? Hablemos de eso. Porque ahora mismo, incluso antes de que se implemente esta ley, ya estoy viendo abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿quién los hará responsables? ¿Quién vigilará a la policía?”
En respuesta, el subcomisionado de policía Bart Jones aseguró que no se dará carta blanca a la fuerza pública: “Deben existir salvaguardas. Debe haber sospecha razonable de que los detenidos estén vinculados al crimen, y en cuanto al uso de la fuerza, la policía solo podrá emplearla si es estrictamente necesaria. No es un cheque en blanco para derribar puertas. Debe haber controles.”
Para algunos, la consulta dejó claro que el debate debe ir más allá de endurecer leyes. Sylvia Marin, del sindicato BNTU, reflexionó: “Así como se nos dijo que los maestros no deben castigar físicamente, y eliminamos el castigo corporal, encontramos mejores formas de guiar a los estudiantes, de construir, no de destruir. Lo mismo aplica aquí. Quienes asuman esta responsabilidad deben ejercerla correctamente. Enfoquémonos en rehabilitar, no solo en encarcelar.”
Walter Gillett cerró con un llamado a la reflexión: “Lo que no veo es que los responsables regresen a las comunidades para entender por qué los jóvenes recurren al crimen. Belize es un país rico en recursos, nunca debimos llegar a esto. Pero el problema es que la riqueza no llega a todos.”