La propuesta de la Decimotercera Enmienda a la Constitución ha desatado un intenso debate en Belize. La iniciativa busca otorgar al Estado amplias facultades para declarar “áreas especiales”, donde la policía podría registrar, confiscar y arrestar sin orden judicial, todo bajo el argumento de la seguridad pública.
El proyecto también contempla la creación de un nuevo Tribunal de Armas y Pandillas, y pretende validar retroactivamente los estados de emergencia anteriores, incluyendo aquellos ya impugnados en tribunales.
Aunque el Comisionado de Policía, Dr. Richard Rosado, respalda la medida como un paso audaz para combatir el aumento de la criminalidad, no todos están de acuerdo.
La Asociación de Abogados Defensores de Belize ha enviado una dura carta a la Asamblea Nacional, advirtiendo que el proyecto puede erosionar las libertades civiles, debilitar la democracia y otorgar excesivo poder sin controles al gobierno.
La abogada Audrey Matura explicó que la enmienda extiende demasiado la autoridad policial e incluso permite la creación de fuerzas auxiliares, que podrían estar compuestas por personas sin la formación adecuada para manejar crisis civiles o por exmilitares con entrenamiento letal.
Además, criticó que la medida sea retroactiva, invalidando sentencias ganadas en casos sobre estados de emergencia previos, en los cuales personas fueron detenidas sin juicio ni acceso a abogados durante largos períodos.
El debate continúa mientras el país sopesan los riesgos y beneficios de esta controvertida enmienda.
La Asociación de Abogados Defensores de Belize continúa expresando fuertes objeciones contra una cláusula de la Decimotercera Enmienda que validaría retroactivamente estados de emergencia pasados, incluso aquellos ya cuestionados judicialmente. Esta medida, advierten, podría socavar el estado de derecho y sentar un precedente preocupante.
Además, el proyecto contempla la creación de un Tribunal Especializado en Armas y Pandillas, que, si bien suena prometedor, carece de garantías claras para asegurar la imparcialidad e independencia judicial.
La abogada Audrey Matura explicó que al incluir esta cláusula en la Constitución, se estaría eliminando el derecho de las personas a exigir sus derechos civiles, dado que la misma Constitución pasaría a prohibir su ejercicio.
Matura subrayó que el gobierno actual posee una supermayoría que le permite impulsar estas reformas sin oposición efectiva, ya que el bloque opositor está debilitado y dividido.
Recordó que casos similares comenzaron durante la administración del ex primer ministro Dean Barrow, cuando se impusieron estados de emergencia que fueron llevados a tribunales. Ahora, en lugar de legislar para corregir esas acciones, el actual gobierno busca modificar la Constitución para legalizarlas, lo que representa un paso más grave.
El debate sigue abierto mientras crecen las preocupaciones sobre las implicaciones de esta enmienda para la justicia y las libertades en Belize.
El Primer Ministro John Briceño se pronunció esta noche sobre la polémica Decimotercera Enmienda, que ha generado un intenso debate en todo el país por las nuevas facultades que otorga al gobierno para combatir la delincuencia.
En un evento en la ciudad de Belize, Briceño reconoció la preocupación generalizada, pero señaló que están abiertos a propuestas legales alternativas. Sin embargo, insistió en que el problema de la criminalidad es serio y requiere la cooperación de todos, no solo de la policía y del gobierno, sino también del público en general.
El Primer Ministro destacó la gravedad de los actos violentos cometidos principalmente por jóvenes, que incluso disparan en espacios públicos causando daños a personas inocentes. Por ello, afirmó que deben hacer todo lo posible para detener esta violencia y proteger a la ciudadanía.
Su declaración directa y firme refleja la urgencia del gobierno por implementar medidas para enfrentar el aumento de los crímenes en Belize.
